Gracia María Avilés (*)
¿Hace
cuánto que no nos sentimos seguros al ir a la vuelta de la esquina? ¿Cuándo fue
la última vez que se nos hizo raro escuchar que habían asesinado a alguien? Hoy
en día, enterarse de que mataron y descuartizaron a un niño de 10 años es
completamente normal ¿Cuál es el camino que hemos recorrido como sociedad para
llegar a donde estamos ahora?
Desde la década de los 70 hasta nuestros días, hemos recorrido un camino
marcado por la violencia, la inseguridad y sobre todo, por la impunidad.
De todos los casos de impunidad que han conmocionado a la sociedad
salvadoreña me gustaría referirme al caso de Katya Miranda, ya que considero
que ese es prácticamente el rostro de la impunidad.
Todos fuimos testigos de la agonía e impotencia que ha soportado Hilda Jiménez,
la madre de Katya, y de la poca eficiencia y desinterés de las
autoridades por hacer justicia. Tuvieron que pasar 12 años de silencio e
indiferencia, para que Hilda consiguiera que el juzgado condenara a prisión al
abuelo paterno de la niña por el delito de secuestro, y no por violación y
asesinato. El castigo resulta indignante comparado con la gravedad de los
delitos. La sanción para Carlos Antonio Miranda, el abuelo de Katya, es cumplir
13 años en la cárcel, si es que antes no obtiene la libertad condicional por
buen comportamiento.
¿Cómo es posible que hechos tan graves hayan sido omitidos e ignorados y dejar
sin castigo a los responsables? Resulta que la corrupción generalizada en el
sistema judicial y el sistema policial salvadoreño han contribuido al problema
de la impunidad. Los funcionarios que se enriquecen de manera ilícita, que
hacen malversación de fondos, y quienes lo único que saben hacer es estafar al
país, han logrado salvarse y no han sido tocados por la justicia, gracias a los
privilegios constitucionales y la gran ventaja de la prescripción.
En este escenario no resulta alarmante que en El Salvador por cada 100
homicidios solo 14 se investigan y apenas un 4% terminan en condena. Ocurre que
en nuestro país, existe un sistema legal increíblemente deficiente. A diario se
capturan aproximadamente 220 personas y no se puede procesar esa cantidad de
delincuentes al día, ya que por cada uno de ellos, tiene que haber un proceso
para probar culpabilidad. No alcanzan los fiscales para garantizar la pronta y
debida justicia que necesitamos. El resultado es que la mayor parte de homicidios
que ocurren en el país, el sistema no los procesa y lo que persiste es la
ausencia de investigación, procesamiento y sanción para quienes infringen la
ley.
El tema de la impunidad no es exclusivo del ámbito judicial. Desde la
perspectiva social, la impunidad existe desde el momento en que el
infractor no requiere una sanción penal, pero sí una amonestación ante una
evidente falta de puesta en práctica de acciones éticas y morales. Por ejemplo,
cuando un marido golpea a su esposa porque cree que lo engaña con otro, no pasa
nada porque “entre marido y mujer nadie se debe meter”; un niño de 10 años
puede recibir una golpiza atroz por parte de sus padre, pero no pasa nada
porque “están corrigiendo y enderezando su conducta”; un policía puede torturar
a un joven que considera pandillero porque está tatuado, pero no pasa nada
porque el pandillero es una amenaza para la sociedad y se lo merece; un general
pudo haber ordenado en la guerra masacres y cometer crímenes de lesa humanidad,
pero no pasa nada, porque hoy puede ser un empresario o diputado sumamente
respetado.
Todos estos casos no son nada más que impunidad, delitos, crímenes que no han
sido castigados y con los cuales nos hemos acostumbrado a convivir como
sociedad. ¿Cómo pretendemos lidiar y acabar con la impunidad histórica y legal,
si es evidente que no se ha empezado a combatir la impunidad que está arraigada
en nuestra cultura?
La lógica al parecer es que si la institucionalidad del país no funciona y la
lista de la impunidad se sigue extendiendo, no pasa nada, porque esas
históricamente, han sido las reglas del juego. La última palabra la tenemos
nosotros, si pensamos que los salvadoreños merecemos una vida tranquila y
segura, quizá sea el momento de dejar de tratar a la impunidad y a sus autores,
con la cercanía y la confianza con la que se trata a una vieja conocida.
(*) La autora es estudiante de derecho en la Universidad Dr. José Matías Delgado.
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