domingo, 27 de julio de 2014

La Impunidad, Una Vieja Conocida

Gracia María Avilés (*)

¿Hace cuánto que no nos sentimos seguros al ir a la vuelta de la esquina? ¿Cuándo fue la última vez que se nos hizo raro escuchar que habían asesinado a alguien? Hoy en día, enterarse de que mataron y descuartizaron a un niño de 10 años es completamente normal ¿Cuál es el camino que hemos recorrido como sociedad para llegar a donde estamos ahora?

Desde la década de los 70 hasta nuestros días, hemos recorrido un camino marcado por la violencia, la inseguridad y sobre todo, por la impunidad.  De todos los casos de impunidad que han conmocionado a la sociedad salvadoreña me gustaría referirme al caso de Katya Miranda, ya que considero que ese es prácticamente el rostro de la impunidad. 

Todos fuimos testigos de la agonía e impotencia que ha soportado Hilda Jiménez, la madre de Katya,  y de la poca eficiencia y desinterés de las autoridades por hacer justicia. Tuvieron que pasar 12 años de silencio e indiferencia, para que Hilda consiguiera que el juzgado condenara a prisión al abuelo paterno de la niña por el delito de secuestro, y no por violación y asesinato. El castigo resulta indignante comparado con la gravedad de los delitos. La sanción para Carlos Antonio Miranda, el abuelo de Katya, es cumplir 13 años en la cárcel, si es que antes no obtiene la libertad condicional por buen comportamiento. 


¿Cómo es posible que hechos tan graves hayan sido omitidos e ignorados y dejar sin castigo a los responsables? Resulta que la corrupción generalizada en el sistema judicial y el sistema policial salvadoreño han contribuido al problema de la impunidad. Los funcionarios que se enriquecen de manera ilícita, que hacen malversación de fondos, y quienes lo único que saben hacer es estafar al país, han logrado salvarse y no han sido tocados por la justicia, gracias a los privilegios constitucionales y la gran ventaja de la prescripción. 


En este escenario no resulta alarmante que en El Salvador por cada 100 homicidios solo 14 se investigan y apenas un 4% terminan en condena. Ocurre que en nuestro país, existe un sistema legal increíblemente deficiente. A diario se capturan aproximadamente 220 personas y no se puede procesar esa cantidad de delincuentes al día, ya que por cada uno de ellos, tiene que haber un proceso para probar culpabilidad. No alcanzan los fiscales para garantizar la pronta y debida justicia que necesitamos. El resultado es que la mayor parte de homicidios que ocurren en el país, el sistema no los procesa y lo que persiste es la ausencia de investigación, procesamiento y sanción para quienes infringen la ley. 


El tema de la impunidad no es exclusivo del ámbito judicial. Desde la perspectiva social, la impunidad existe desde el momento en que  el infractor no requiere una sanción penal, pero sí una amonestación ante una evidente falta de puesta en práctica de acciones éticas y morales. Por ejemplo, cuando un marido golpea a su esposa porque cree que lo engaña con otro, no pasa nada porque “entre marido y mujer nadie se debe meter”; un niño de 10 años puede recibir una golpiza atroz por parte de sus padre, pero no pasa nada porque “están corrigiendo y enderezando su conducta”; un policía puede torturar a un joven que considera pandillero porque está tatuado, pero no pasa nada porque el pandillero es una amenaza para la sociedad y se lo merece; un general pudo haber ordenado en la guerra masacres y cometer crímenes de lesa humanidad, pero no pasa nada, porque hoy puede ser un empresario o diputado sumamente respetado. 


Todos estos casos no son nada más que impunidad, delitos, crímenes que no han sido castigados y con los cuales nos hemos acostumbrado a convivir como sociedad. ¿Cómo pretendemos lidiar y acabar con la impunidad histórica y legal, si es evidente que no se ha empezado a combatir la impunidad que está arraigada en nuestra cultura? 


La lógica al parecer es que si la institucionalidad del país no funciona y la lista de la impunidad se sigue extendiendo, no pasa nada, porque esas históricamente, han sido las reglas del juego. La última palabra la tenemos nosotros, si pensamos que los salvadoreños merecemos una vida tranquila y segura, quizá sea el momento de dejar de tratar a la impunidad y a sus autores, con la cercanía y la confianza con la que se trata a una vieja conocida. 

(*) La autora es estudiante de derecho en la Universidad Dr. José Matías Delgado.

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